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6. La legitimidad del poder en la construcción de la república

 

El poder brota de la capacidad humana,

 no de actuar o hacer algo, sino de concertarse

 con los demás para actuar de común acuerdo con ellos.

Hanna Arendt

Extracto

En este capítulo se abordan los problemas de la república en el marco de la economía neoliberal y la globalización. También se repasan los sistemas democráticos vigentes en la actualidad

La democracia como legitimadora de la república

En varios capítulos de este trabajo intentamos aproximaciones al concepto de democracia. Es lógico ya que de lo que estamos hablando es de la república. La democracia es el sistema de gobierno que posibilitará la construcción republicana pero no es patrimonio de ésta. Hay democracias parlamentarias que no son republicanas. Para que la democracia se convierta en un instrumento de la república deberá primero constituir legitimidad y si de legitimidad estamos hablando dentro de un sistema republicano nos deberíamos centrar en un sistema que asegure la representación a la totalidad del pueblo en el ejercicio del poder. El gobierno en la república es también cosa pública y como tal debe ser sometido a la voluntad del pueblo todo, más allá de sus segmentaciones o categorías. De allí de su importancia .

Desde lo normativo, existe una aproximación a la construcción de poder en los sistemas democrático, que es sostenida por Hanna Arendt [i]. Para la filósofa alemana al poder legítimo, en contraposición al poder ilegítimo, se llega desde abajo hacia arriba, mediante la construcción de pequeños consensos y acuerdos. Cualquier otra manera mediante la cual se pretenda avanzar sobre una posición de poder ya sea por la violencia, por la cooptación o cualquier otro proceso donde intervenga la fuerza nunca llegará a ser legítima, y al no poder legitimarse tarde o temprano fracasará en su intento de permanecer.

El reinado de la empresa

Caído el Muro de Berlín en 1989 e instauradas las democracias en Latinoamérica, la Doctrina de Seguridad no tenía razón de ser. El objetivo último de ésta no era el establecer un régimen de violencia permanente. Afianzada la dependencia militar y económica en la región y “vencido el enemigo marxista lo que vendría sería el reinado de las empresas, el reinado de las corporaciones, la democracia de mercado.

La dominación de las armas debía reemplazarse por la de los mercados, ésta se consolidó con los ropajes que aún hoy le vemos. Este período tiene su apogeo en la década de los noventa durante la presidencia de Carlos Menem[ii].

Neoliberalismo se traduce para muchos como el reinado de las empresas. Inclusive hasta los individuos son considerados como empresas unipersonales. La empresa se constituyó en institución y ocupó un lugar de preferencia en la escena pública, marcó tendencia, instituyó la política de la especulación y el consumismo, monetizó todas las actividades, reeligió presidentes y echó a otros. Las privatizaciones acorralaron todo lo público restringiendo aquellos lugares donde se llevaba a cabo la acción social. Esta fragmentación de lo público provocó desafiliación y exclusión social[iii]. Los medios de comunicación privatizados ganaron la batalla de las ideas al establecer la agenda de las privatizaciones, se crearon ángeles y demonios.

Muchos periodistas trabajaron a favor de privatizaciones y en contra de la empresa estatal. El economista Walter Graziano[iv] llegó a proponer en un canal de televisión que las provincias del NOA[v] debían unificarse en un único territorio político porque no eran económicamente viables. Habría que preguntarles a los gauchos de Güemes que libraron la batalla de Salta o a sus descendientes, qué opinan al respecto.

Lo que no cierra económicamente debe anularse, desecharse. Cuántas cooperativas, mutuales, empresas familiares, pymes, pequeños emprendimientos fueron a la quiebra por ese entonces. Todo lo que no era rentable, no era viable.

Dentro del esquema neoliberal la política pierde posición frente a la economía y la democracia pierde frente a la corporación y el mercado, por lo que no es posible el desarrollo pleno de los ciudadanos como tales sino sólo cuando se yerguen como actores económicamente activos esto es: como vendedores, compradores o intermediarios, como agente económico. Aquí nos aproximamos a una mejor definición de neoliberalismo.

El liberalismo, la ideología que desarrolló a tantos países en el siglo XIX y XX, hoy prioriza la libertad de los mercados en desmedro del estado de bienestar y de la república. El estado neoliberal se desprende de las funciones del poder político y abandona a los ciudadanos a su buena suerte con los mercados, sólo vela por la validez de los contratos y ejerce su poder de policía como órgano de contralor.

Como se dice en el capítulo De lo local a lo global, al estar privatizadas la salud, la seguridad, la educación y en buena mediada la justicia, el estado no vela por el bienestar ni la seguridad de los ciudadanos ejerciendo sus políticas allí donde los ciudadanos son diferentes, a fin de equipararlos. Sólo vela por la libertad de lo mercados y de las empresas. Los ciudadanos son considerados como empresas individualistas, atómicas y como tales están abandonados a su propia suerte en un mercado de competencia en donde cada uno debe velar por sí mismo, donde los colectivos ya no existen y donde la propiedad privada es la única garantía de su seguridad social.

La actualización del estado de bienestar

En el capítulo La condición argentina se plantea que el principal problema de la república en la Argentina actual es la dificultad que tienen los argentinos en ejercer sus obligaciones de ciudadanos, particularmente en la deserción de su participación de la cosa pública por una imposibilidad manifiesta de expresión, comunicación, de compromiso y de coordinación. La tradición republicana, si bien propietarista y respetuosa de las libertades individuales, también debe ocuparse de la participación y del bienestar de los ciudadanos. Es por eso que considera la excesiva acumulación de riqueza como factor de desequilibrio y de asimetrías.

Desde la óptica de Rousseau, donde no todos son ciudadanos, sólo unos pocos de sus compatriotas son los actores políticos; hoy, cuando todo argentino es formalmente un ciudadano, no todos son actores políticos dado que sólo serán libres e independientes y por ende capaces de ejercer su voluntad, los ciudadanos que sean actores económicamente activos. Algo totalmente discriminatorio y sumamente peligroso.

Al mundo capitalista sólo le importa la renta, por lo que descarta lo que no es económicamente activo, tanto sea un agente a quien se le pueda comprar u otro a quien se le pueda vender. Por eso vemos cómo son sacados de todas las agendas y portafolios continentes enteros que no tienen una economía activa, como África, dado su escaso atractivo o interés económico. Es por eso que el republicanismo moderno se replantea que las formalidades y acciones de los ciudadanos pasivos dejen de ser eso, sólo formalidades, para incorporarse a una participación ciudadana política y económicamente activa. Y para ello, debe tener una base económica sustentable.

El estado de bienestar preconiza que para tener una vida digna, cada individuo debe asegurarse con un mínimo de bienes y servicios asegurados por el estado.

La salud, la educación, el retiro, la seguridad, la justicia y una vivienda digna son derechos a los que los políticos argentinos hacen referencia en sus campañas habitualmente. Conservadores, liberales, desarrollistas, peronistas, radicales, progresistas, etc., nos acostumbraron a escuchar acerca de estos derechos en sus discursos, pero como se mostró anteriormente, más allá de su enunciación, nadie se ocupa de pasar de la mera formalidad al pleno derecho.

Niklas Luhmann[vi] opina sobre el concepto de Estado de Bienestar, concebido como el estado que provee bienes y servicios elementales a los ciudadanos, que está destinado al fracaso ya nunca alcanza a satisfacer las necesidades básicas porque éstas son cada vez más costosas. Es muy interesante lo que dice: propone reformular el concepto de Estado de Bienestar a partir del concepto de inclusión social, en el cual el estado no sólo facilita el acceso a los bienes y servicios necesarios, sino que también lo hace mediante la incorporación de las personas como actores políticos, sociales y económicamente activos. Luego, en la medida que los sectores marginados transiten el cambio a la categoría de actores socialmente activos, el estado podrá dejar de asistirlos.

El autor manifiesta que “la realización del principio de inclusión en el ámbito funcional de la política tiene como consecuencia el tránsito al Estado de Bienestar. Estado de Bienestar es la realización de la inclusión política. Esto no supone sólo, de ninguna de las maneras, el aseguramiento y acrecentamiento continuo de unas condiciones mínimas de bienestar para cada cual, sino en gran medida también la aparición de problemas especiales de distinto género, que pueden ser graves para quienes resulten encontrarse en determinadas situaciones. Las mejoras discurren, por tanto, no sólo en la dirección del aumento de los niveles mínimos, sino también en la del descubrimiento continuo de nuevos problemas que competen a las autoridades públicas”.

La renta básica – El ingreso ciudadano

La Renta Básica Universal como concepto nivelador de desigualdades sociales es una aproximación y aporte que hace el republicanismo al respecto. No ahondaremos en este trabajo sobre Renta Básica Universal, pero la traemos a este contexto dado su importancia como factor equilibrante dentro del desarrollo de una nación moderna. Para profundizar sobre el tema cabe citar a autores como Daniel Raventos[vii] o los economistas Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito en el trabajo en el que adaptan el concepto de Renta Básica Universal al entorno argentino, o como se la conoce acá, Ingreso Ciudadano[viii].

El concepto de Renta Básica es ponderado y criticado desde la derecha y la izquierda, pero como dice Raventos “es una propuesta social cada vez más conocida. Y la velocidad de extensión es cada vez mayor”. Consiste en la entrega de una Renta Básica o Ingreso de Ciudadano por parte del Estado a todos los ciudadanos, por el sólo hecho de serlo. La misma es de carácter Universal e Incondicional. Se paga, más allá de su status social, a todos los ciudadanos pobres o ricos, ocupados o desocupados, tengan ingresos o no y de forma incondicional, por el sólo hecho de ser ciudadano. Este último requisito es indispensable para que no exista clientelismo en su distribución.

El concepto de Ingreso Ciudadano o Renta Básica es asimilable al del voto universal, aquél que impuso el concepto de un ciudadano igual a un voto. Como se señaló anteriormente, este concepto fue desplazado operativamente por el concepto un peso igual a un voto que han impuesto las leyes de los mercados.

El Ingreso Ciudadano como renta ciudadana básica, universal e incondicional va en compensación de las asimetrías que produce el segundo concepto de un peso igual a un voto. Si los ciudadanos pueden llegar a tener ingresos “básicos” al menos podrán, aunque mínimos, ser actores económicos y tener voto en la segunda votación, la de un peso igual a un voto.

Si consideramos que el empleo abre la puerta a muchos beneficios sociales como obra social, seguro de desempleo, jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, créditos y algunos otros provenientes de la actividad o de su agremiación, la exclusión del empleo no sólo trae aparejada la exclusión de la renta, sino que también excluye al ciudadano de los otros derechos a los que accede por el hecho de estar empleado[ix].

La Renta Básica no es un seguro de desempleo, pero cubre a muchos de los planes sociales en los que el Estado eroga dinero. Acerca de su universalidad y cómo solventarlo e implementarlo en nuestro país son temas que pueden consultarse en la página web www.ingresociudadano.org. Aquí solo se menciona como política favorecedora de ciudadanía, para el enriquecimiento de la República.

Se suele usar como descalificativo de muchas propuestas intelectuales que “con la panza vacía no se discute”. La Renta Básica es un paliativo que opera en auxilio de este postulado.

La democracia necesita de la deliberación y de circulación de la libre información para la toma de decisiones. El Ingreso Ciudadano se erige entonces en el último garante de esa independencia y de esa igualdad necesaria para la toma de decisiones de los ciudadanos

Democracias modernas

La democracia moderna tiene rasgos propios de nuestro tiempo. Ya hemos enunciado o introducido varios de esos conceptos que hacen a la modernidad durante este trabajo. Solemos entender el concepto de democracia como gobierno de todos o gobierno del pueblo como en su acepción clásica. Cómo se lleva esa representación popular al gobierno en el marco de una república es objeto de un análisis más preciso.

Podemos intentar una definición de democracia. Entendemos como tal al sistema social donde el orden político, administrativo, económico, organizacional y social está puesto a consideración y debate público. Definimos como público a quienes sostienen ese debate, a los individuos que mediante su ínter-vinculación se expresan públicamente de manera libre, independiente e igualitaria.

Básicamente podemos distinguir dos corrientes democráticas, las democracias directas y las representativas. La diferencia más distintiva entre ambas es que en las primeras, la consideración y el debate público se ejercen directamente. Como prácticas de este tipo, conocemos el plebiscito, la consulta popular, el referéndum, las encuestas de opinión y algunas otras más complejas.

En las representativas, en cambio, los ciudadanos delegan su representación a terceros. Esta forma es la que adopta la democracia en Argentina según nuestra Constitución Nacional. La representación o mandato surge de la deliberación del pueblo que acuerda una posición para que su representante, mediante el mandato, lleve su ponencia a los diferentes foros de discusión en las distintas instituciones que componen el gobierno. El Poder Legislativo tiene la función de parlar –por eso su recinto se llama parlamento y de allí surge el debate– es el que hace las leyes. Es el típico ejemplo de institución en una democracia representativa; otro, son los colegios electorales.

Se establece entonces una discusión acerca del modelo de democracia más conveniente para una república moderna. Lo que se trata de determinar es la posibilidad que tienen los ciudadanos de discutir públicamente LA POLÍTICA.

La cuestión de la representatividad y su legitimidad es central dentro de las democracias modernas.

Democracia directa

Los mecanismos que operan en una democracia directa se describen con amplitud en del capítulo La espiral del silencio. Si bien en la formalidad la democracia toma la forma representativa en la mayoría de los países –así sucede en el nuestro–, en la práctica su capacidad deliberativa es cada vez menor. Podemos ver cómo en la Constitución del ‘94 se avanza a formas de democracia más directa como son la consulta popular, el voto directo del ciudadano y el balotaje. En leyes de sanción reciente, el parlamento ha delegado funciones de su exclusiva facultad como las de fijar el presupuesto nacional y, además, mediante un artilugio que le permite utilizar la mayoría parlamentaria, también puede convalidar decretos de necesidad y urgencia dictados por el ejecutivo. Sin duda, estas leyes van en detrimento de la deliberación parlamentaria y del sistema representativo.

El mecanismo de la encuestas también forma parte del ejercicio de este tipo de democracia. A partir de los ‘80 han tenido cada vez más injerencia en la vida democrática, hoy es corriente ver en los medios la publicación de sondeos de opinión de diverso índole. Los políticos viven para y por las encuestas. Son ellas las que deciden qué política seguir, quiénes serán los candidatos, qué se dirá en los discursos y en otros temas importantes. Los politólogos, en general avalados por encuestas científicas, hacen interpretaciones y esgrimen opiniones personales acerca de los resultados que vuelcan en los medios. Que los métodos para encuestar se ajusten a procedimientos científicos no quiere decir que los resultados de las mismas se expongan de la misma forma; en general se presentan siempre de acuerdo con lo que se quería mostrar, de forma poco ortodoxa.

En general las encuestas se usan para refrendar tendencias o pareceres de quienes son encuestados, con el fin de establecer agendas y mediante la presentación en público de los resultados (siempre favorables a quién los realiza) tienen pretensiones de herramienta de legitimación. Lo más nocivo de ellas es que muchas veces sustraen del debate público los mismos temas objeto de las encuestas, reemplazándolo.

¿Y qué fue del discurso político de campaña? ¿Dónde quedan las promesas electorales y los programas de gobierno de largo plazo? La respuesta es que una vez asumido el poder los gobernantes dejan el mandato de las urnas de lado para guiarse por el de las encuestas, que casi siempre consideran el corto plazo.

¿Y el rol de los partidos políticos, donde quedó? Si son las formas de participación directa las que se imponen en la actualidad ¿para qué sirven los partidos políticos? Sirven como aparatos publicitarios a través de los cuales los candidatos despliegan su estrategia de marketing político. El peor vicio de la democracia directa es que los gobernantes gobiernen a la medida de los gobernados.

Muchos autores, entre los que se encuentra el ya citado Jürgen Habermas, señalan que la forma directa de ejercer democracia no es legítima, ya que el debate y la confrontación de ideas no esta presente. No obstante lo expuesto, otros autores la defienden pues sostienen que en la democracia directa, la legitimidad de poder que confiere la opinión pública, conlleva orden y cohesión social.

Democracia representativa

Como base de este apartado[xi] se tomara la línea desarrollada por Jürgen Habermas en Facticidad y Validez[xii].

Desde la óptica de Habermas, la opinión pública es un espacio plural donde debe estar presente el debate ético político. Éste, a su vez, legitima a la democracia representativa mediante un proceso crítico que se lleva a cabo en un espacio público debidamente comunicado. Para que la democracia representativa sea genuina debe estar avalada por la opinión surgida del público, debidamente discutida y mostrada.

La política no debe ser obscena (estar fuera de la escena), por el contrario, debe ocupar el proscenio, debe ocupar el espacio público. No se debe cocinar entre gallos y medianoche, entre unos pocos: debe ser efectivamente pública. En este sentido los conocidos “lobbistas” (del ingles lobby que quiere decir vestíbulo) lo que hacen es sustraer el debate de la escena pública, de las instituciones como el Parlamento, para llevar la discusión y la confrontación al “vestíbulo”, tras bambalinas y sólo presentar en público la idea ya terminada y elaborada. El lobbismo no es mal visto en democracias como en las de Estados Unidos donde “hacer lobby” es toda una profesión.

La democracia representativa surgió en Estados Unidos “para evitar la tiranía de las mayorías”. En realidad fue concebida por los “padres fundadores[x] para separar a la ciudadanía de las cuestiones públicas. Por ese rasgo fundacional de la democracia representativa es que se la tilda de elitista y de antipopular. No obstante ello, este tipo de democracia ha sufrido transformaciones a través del tiempo por lo que hoy nos encontramos con lo que tenemos: representantes que actúan por su propia voluntad violando los mandatos de las urnas y respetando la tiranía de las encuestas. Así, hoy es presa de aquel motivo que pretendía combatir y por el cual se creó.

Para paliar esta dificultad se buscan modelos alternativos de democracia representativa.

Como se ha mencionado en varias oportunidades a lo largo de este trabajo, de lo que se trata es de zanjar las diferencias que surgen como tensión entre los derechos individuales apoyados a ultranza por el neoliberalismo –especialmente en su aspecto económico– y lo social enmarcado en el contexto de una república.

La legitimidad democrática para Habermas depende de un acuerdo comunicativo que “viene dada cuando las acciones, normas o instituciones que en ella se dictan pueden ser justificadas como tales dentro de un proceso deliberativo. Este proceso deberá regirse por reglas tales como la libertad y la igualdad de las partes, y deberá igualmente estar guiado por el principio del mejor argumento y la exclusión de la coacción”.

La definición de la democracia se establece como aquella “forma política derivada de un libre proceso comunicativo dirigido a lograr acuerdos consensuales en la toma de decisiones colectivas”. La “estructura discursiva de la formación de la opinión y la voluntad (…) sólo puede cumplir su función socio-integradora gracias a la expectativa de calidad racional de sus resultados. De ahí que el nivel discursivo del debate público constituya la variable más importante”.

En este mismo capítulo ya se establecieron pautas para que el proceso deliberativo pueda llevarse a cabo. Mencionamos, por ejemplo, cómo la Renta Básica era pre-requisito necesario para paliar las asimetrías propias de las sociedades modernas. Podemos agregar en este sentido que es indispensable que para que se pueda llevar adelante esa deliberación que los ciudadanos sean libres e iguales.

También debemos aclarar que en el citado texto Habermas es muy riguroso con el tema de cómo se forma esa opinión a partir de la confrontación de ideas, en un decidido ataque a las teorías que avalan las formas empiristas de utilización del poder en la democracia. El autor es muy puro en su discurso: esa deliberación debe ser normativa y constitutiva de la democracia en contraposición a la postura de Luhmann y a la de Noelle-Neumann

Habermas va de la mano de Hanna Arendt en este texto; al citarla dice que el “poder brota de la capacidad humana, no de actuar o hacer algo, sino de concertarse con los demás para actuar de común acuerdo con ellos. (…) Los hombres situados en lugares diferentes ven el mundo desde sus diferentes perspectivas y llegan a diferentes conclusiones. Si hay que crear un mundo común y compartido, habrá que contrastar las diferentes opiniones en un diálogo significativo”.

Aquí, tanto Habermas como Arendt nos introducen en la política del mundo globalizado de los ideales únicos, macros. La democracia deliberativa habrá de entenderse con los problemas de la globalización para salvar esas diferencias espacio-conceptuales y espacio-temporales, aunque estas últimas, gracias a la tecnología, son cada vez menos significativas. Es por eso que cuando hablamos de cómo compatibilizar intereses de ganaderos de la provincia de la provincia de Buenos Aires con los de los piqueteros del NOA, o con minorías sexuales es que apelamos al debate confrontativo de esos intereses particulares de la diversidad a lo que nos referimos.

Ese “contrastar las diferentes opiniones en un diálogo significativo” requiere concurrir al diálogo, a la confrontación de ideas sin preconceptos ni posiciones de poder, ya que cualquier imposición forzada o jerárquica irá en desmedro del más débil, poniendo en riesgo los resultados del diálogo. El problema del punto de vista también se plantea y con crudeza: la necesidad de tener un sistema de representación que pueda satisfacer “sus diferentes perspectivas” para poder llegar a “crear un mundo común y compartido”. Por eso hoy se habla de diversidad.

Hanna Arendt plantea un problema relativista del sistema de representación, lo que lo hace un problema complejo. Cuando dice que el “poder brota de la capacidad humana, no de actuar o hacer algo, sino de concertarse con los demás para actuar de común acuerdo con ellos”, se refiere a que para que el poder surja “el grupo debe permanecer unido” y para que se una o permanezca unido debe “concertarse con los demás para actuar de común acuerdo con ellos”. Ese concertarse es sencillamente el relacionarse, vincularse con los demás, no desde el mero agrupamiento tribal, sino que habrá que “contrastar las diferentes opiniones en un diálogo significativo”, y esto es simplemente conformar una red distribuida en el tejido social en la cual la existencia de los vínculos sean los garantes de ese poder ciudadano y su única legitimidad.

Las tradiciones democráticas argentinas

Así como existe una tradición de presidentes argentinos que llegaron al poder luego de tejer una maraña de intrincados acuerdos –Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y algunos más no necesariamente radicales–, también existe la tradición de presidentes que accedieron a la primera magistratura por haber estado en el lugar y el momento precisos para ello. Es el caso de Perón (su primera presidencia), de Carlos Menem y de Néstor Kirchner. Este dato parece algo rebuscado, pero por un lado aparecen los presidentes de ascendencia radical y por el otro los de ascendencia peronista. No en todos los casos es así: Héctor Cámpora llega sobre la base de acuerdos y Eduardo Duhalde, de algún modo, también.

En nuestra crítica al peronismo en el capítulo La condición argentina (en lo referente a su metodología de operación) advertimos que existía una metodología o matriz operativa, que asemejamos al accionar mafioso. Esa crítica se basa en que el peronismo opera así y utiliza “la espiral del silencio” como metodología de acción y de coerción. Esto si tomamos sólo en cuenta a los gobiernos democráticos, aunque el registro del dolor en nuestra memoria no hace esa distinción.

Como vemos, en la tradición peronista no está presente el acuerdo deliberativo para acceder a la primera magistratura, en tanto sí lo encontramos en la tradición radical. De hecho, la diferencia sustancial de las dos tradiciones políticas mayoritarias del siglo XX, aunque sólo sea en su aspecto teórico, son el acuerdo normativo radical y el consenso social peronista.

El primero hereda esa tradición de la aristocracia de la generación del ‘90 y de las corrientes inmigratorias; el peronismo, en cambio, hereda su tradición de las políticas imperantes en el mundo, contemporáneas a Perón: el fascismo, el nazismo y el franquismo. De hecho, estos movimientos son los que incorporan a la política las grandes masas populares como actores sociales, tarea que Perón lleva a cabo en nuestro país. De hecho, él es el primero que usa un medio masivo de comunicación para hacer propaganda. En el comienzo lo utiliza para llegar, y luego lo usa en todas sus presidencias. Y es precisamente allí donde se hace fuerte la teoría de Noelle-Neumann en nuestro país, de manos del peronismo.

A la hora de optar por un sistema democrático

Las democracias podrán ser representativas o directas. Se plantea entonces una discusión acerca de si en la república el pueblo debe delegar o no su mandato. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es qué grado de injerencia tienen los ciudadanos comunes, el pueblo llano sobre la cosa pública en el contexto de una sociedad moderna.

Este concepto es crucial. Los dos tipos de democracias pueden tener sus lados oscuros; la representativa puede volverse tiránica si el representante lo es sólo de sí mismo, por el otro lado la democracia directa puede desembocar en una sondeocracia en la que los gobernantes gobiernan según el humor de sus gobernados.

En el modelo de democracia de Noelle-Neumann, pese a que no están presentes la deliberación ni el disenso, aparecen en cambio ciertas características que también se encuentran en nuestros gobiernos peronistas como el consenso y la integración social, y este dato otorga algunas ventajas a este modelo en el campo operativo por sobre el modelo normativo de Jürgen Habermas. Algunas de ellas son[xiii]:

· Protección. Permite la realización de la integración social de los individuos, por cuanto el individuo en la sociedad moderna no puede permanecer aislado y se orienta hacia una actividad de consensuar su interacción social y sus opiniones con las del resto de individuos que integran su entorno social inmediato. Lo protege.

· Estabilidad. Genera estabilidad social, más allá del simple proceso de integración, por cuanto fundamenta el establecimiento de diversas formas de consenso social y político que permiten el normal desarrollo en la actividad de los grupos.

· Urgencia. Cumple la función de priorizar, orientando la opinión pública hacia las necesidades de resolver algunos problemas o temas que se manifiestan como más urgentes en una situación dada.

· Legitimación. Finalmente, ejerce una función de legitimación mediante el consenso en torno a problemas generales que afectan a la sociedad, por el mantenimiento de las formas de interacción vigentes o mediante su adecuación a los cambios experimentados en el sistema social.

Asimismo señalamos que la violencia que ejercieron los diferentes gobiernos democráticos nos dejó asentado en el inconsciente colectivo un marcado registro del dolor que viene condicionando nuestro accionar desde entonces y no se sabe todavía hasta cuándo

Referencias

[i] Hannah Arendt (1906 – 1975), teórica política alemana. Fue discípula de Martin Heidegger en la Universidad de Marburgo.

[ii] Presidencia de Carlos Menem 1989-1999.

[iii] Tema desarrollado ampliamente en el capítulo La condición argentina.

[iv] Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Buenos Aires.

[v] Noroeste argentino.

[vi] Teoría Política en el Estado de Bienestar- Alianza Universidad, 1993.

[vii] Daniel Raventos, profesor de la Universidad de Barcelona y presidente de la asociación Red Renta Básica.

[viii] Ver: www.ingresociudadano.org Contra la exclusión. La propuesta del Ingreso Ciudadano Lo Vuolo, R. (comp.); Barbeito, A.; Gargarella, R.; Offe, C.; Ovejero Lucas, F.; Pautassi, L.; Van Parijs, P. (1995) Colección Políticas Públicas. Ciepp / Miño y Dávila (2003).

[ix] Ver Robert Castel en la obra op. citada.

[x] Se conoce como los Founding Fathers, o “Padres Fundadores” de los Estados Unidos (Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, Benjamin Franklin, George Washington, entre varios otros). A los hombres y mujeres que le legaron las instituciones y la filosofía política a esa nación.

[xi] Cita de Rodrigo Pineda Garfias, La democracia deliberativa. Ius et Praxis, 2002.

[xii] Facticidad y Validez, Jürgen Habermas, Editorial Trotta, 2001.

[xiii] Saperas, Enric (1985), La sociología de la comunicación de masas en los EU, Ariel, Barcelona.

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